El ataque a un casino en Monterrey dejó 52 muertos

México amaneció el viernes sumido en su primer luto nacional por el peor ataque del crimen organizado contra la población civil en años, tras el incendio intencional de un casino en Monterrey, en el que murieron anteayer 52 personas, y que fue calificado de acto terrorista por el presidente Felipe Calderón.

El jefe de Estado mexicano, además, arremetió en duros términos contra Estados Unidos, por considerar que no hace lo suficiente para reducir su consumo de drogas ni detener el tráfico de armas, que alimentan a las bandas narcotraficantes en el país.

"Si [los norteamericanos] están decididos y resignados a consumir drogas, busquen, entonces, alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales, o establezcan puntos de acceso claros distintos de la frontera con México, pero esta situación ya no puede seguir igual", disparó Calderón, en un mensaje televisado.

"Les pido [a los Estados Unidos] que reflexionen acerca de la tragedia que estamos viviendo en México y muchos países latinoamericanos. Somos vecinos, aliados, amigos, pero también ustedes son responsables", agregó el mandatario, que ayer viajó a Monterrey, donde guardó un minuto de silencio frente al casino siniestrado y colocó una ofrenda floral.

Pocas horas más tarde, el presidente estadounidense, Barack Obama, condenó el "brutal" y "reprensible" ataque, y afirmó que Washington "es y seguirá siendo un socio en la valerosa batalla" contra el crimen organizado, que amenaza "tanto a México como a Estados Unidos".

En plena luz del día, entre ocho y nueve delincuentes ingresaron anteayer al casino Royale, en la norteña ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, y prendieron fuego el establecimiento con unos garrafones de combustible. El ataque duró solo dos minutos y medio, pero se convirtió en una señal de que los narcos están dispuestos a doblar su apuesta, con ataques de alta espectacularidad, en su guerra interna y en su ofensiva contra el Estado.

Según contaron sobrevivientes de la tragedia, con gritos e insultos, los atacantes les pidieron a los clientes y empleados que se encontraban en el lugar que salieran, pero, horrorizados por el comando, muchos se refugiaron en los baños y pisos superiores y quedaron atrapados por las llamas.

"Adentro reinaba el caos; no se podía ver. Además, el humo asfixiaba. Algunos no alcanzaron la salida y se derrumbaban a pocos metros de la puerta", dijo una testigo.

Del total de muertos, los peritos identificaron a 35 mujeres y 10 hombres. Todos murieron por asfixia o quemaduras, y ninguna de las víctimas tenía impactos de bala.

Si bien las autoridades no confirmaron los motivos del ataque, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, deslizó que podría tratarse de una represalia por falta de pago del establecimiento a algún grupo del crimen organizado.

El casino siniestrado, propiedad del Grupo Royale, ya había sido atacado por hombres armados en dos ocasiones, la última de ellas el 25 de mayo pasado. Ese mes, además, el lugar había sido clausurado por falta de permisos, pero logró reabrir sus puertas días después, gracias al amparo de un juez.

La magnitud del ataque llevó a Calderón a utilizar ayer por primera vez el término "terroristas" para referirse a los criminales contra los que lucha con el ejército en las calles desde que asumió la presidencia, hace casi cinco años.

"Es evidente que no enfrentamos a delincuentes comunes, sino a verdaderos terroristas que han superado todos los límites", dijo el presidente, que declaró un duelo nacional de tres días por el atentado y ordenó el despliegue de más fuerzas federales en Monterrey.

Hasta hace pocos años una tranquila ciudad empresarial, Monterrey comenzó a sufrir un preocupante aumento de la violencia del crimen organizado desde que el cartel del Golfo y su ex brazo armado Los Zetas se declararon la guerra, en 2010.

El ataque de ayer reabrió el debate sobre la idoneidad de la estrategia de combate frontal a la delincuencia lanzada por el presidente Calderón en diciembre de 2006, que condujo a capturas importantes de delincuentes, pero también dejó más de 40.000 muertos en enfrentamientos entre carteles y de éstos con las fuerzas de seguridad. La fiscalía, en tanto, ofreció unos 2,4 millones de dólares de recompensa a quien proporcionara información sobre los responsables del ataque, uno de los más graves ocurridos en los últimos años, y sólo superado en términos de víctimas por el hallazgo, en agosto de 2010, de 72 indocumentados asesinados en el norteño estado de Tamaulipas.

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Fuente: Diario La Nación